Yoweri Museveni, presidente de Uganda, firmó una de las leyes más duras contra el colectivo LGBTQ+, que incluye la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, lo que provocó la condena de Occidente y el riesgo de sanciones por parte de los donantes de ayuda.
Las relaciones entre personas del mismo sexo ya eran ilegales en Uganda, al igual que en más de 30 países africanos.
La norma estipula la pena capital para los “infractores en serie” de la ley y la transmisión de una enfermedad terminal como el VIH/SIDA a través del sexo gay.
También decreta una pena de 20 años por “promover” la homosexualidad.
Joe Biden, calificó la medida como una “trágica violación” de los derechos humanos y dijo que Washington evaluaría las implicaciones de la ley “en todos los aspectos del compromiso de Estados Unidos con Uganda.”
“Estamos considerando medidas adicionales, incluida la aplicación de sanciones y la restricción de la entrada en Estados Unidos contra cualquier persona implicada en graves abusos de los derechos humanos o corrupción”, dijo.
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Se mostró una foto de Museveni en la presidencia le mostraba firmando la ley con un bolígrafo dorado en su escritorio, donde ha calificado la homosexualidad como una “desviación de la normalidad” y ha instado a los legisladores a resistir la presión “imperialista”.
Una organización local, Human Rights Awareness and Promotion Forum, y otras diez personas presentaron posteriormente una demanda contra la ley ante el Tribunal Constitucional, según declaró uno de los demandantes, Busingye Kabumba.
Museveni había devuelto el proyecto de ley original aprobado en marzo, pidiendo al Parlamento que suavizara algunas disposiciones.
Sin embargo, su aprobación definitiva no se puso en duda en un país conservador donde las actitudes contrarias al colectivo LGBTQ+ se han endurecido en los últimos años, en parte debido a la campaña de grupos eclesiásticos evangélicos occidentales.
Uganda recibe miles de millones de dólares de ayuda exterior cada año y ahora podría enfrentarse a medidas adversas por parte de donantes e inversores.
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Con información de El Economista