La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que concedió la posesión de una casa ubicada en Chalco a la hija de Carlota N, mujer de 73 años detenida por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas durante un conflicto por dicho inmueble. Sin embargo, el representante legal de la familia declinó recibir la propiedad, argumentando que “por el momento no era de su interés”.
La decisión fue comunicada oficialmente a la familia este mismo día, en el marco de la investigación por los hechos ocurridos el pasado 1 de abril, cuando Carlota N habría disparado contra integrantes de otra familia a quienes acusaba de haber invadido su propiedad. Dos hombres perdieron la vida en el lugar.
Denuncia previa de la abuelita de Chalco
La FGJEM señaló que un día después del ataque se giraron oficios al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y al catastro municipal, con el fin de obtener información legal y documental sobre el predio en disputa.
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Asimismo, la Fiscalía indicó que el 28 de marzo —cuatro días antes del incidente— elementos de la Policía de Investigación y un perito en criminalística acudieron al domicilio para realizar una inspección. Durante la visita, no encontraron a ninguna persona en el interior y constataron que la puerta principal estaba cerrada con cadena y candado.
Carlota N y otros tres implicados ingresan al penal de Chalco
En seguimiento al caso, la tarde de este viernes agentes de la FGJEM, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a la abuelita Carlota N, así como a Eduardo N, de 34 años, y Mariana N, de 51.
La Fiscalía detalló que se les cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Todos quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien se encargará de definir su situación jurídica.
El caso ha generado debate en la opinión pública por el contexto de presunta invasión de propiedad y la reacción violenta de la acusada, quien había denunciado previamente la ocupación irregular del inmueble.
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