Por su probable participación en hechos que posiblemente constituyen el delito de extorsión, la Fiscalía General del Estado (FGE Quintana Roo) obtuvo de una Juez de Control la vinculación a proceso en contra de Carlos Mario “N” y Heidy Araceli “N”. Ambos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de este organismo autónomo.
Investigaciones de la FGE Quintana Roo
Las primeras investigaciones indican que, el 25 de abril de este año, Carlos Mario “N” se presentó en una obra en construcción ubicada en la Supermanzana 303 de este municipio. En dicha obra, solicitó trabajo como albañil y además obtuvo el número de contacto del encargado. Posteriormente, le llamó por teléfono, presentándose como miembro de un grupo criminal y exigiéndole un pago semanal de siete mil pesos por “derecho de piso”. En caso de no cumplir con esta demanda, Carlos Mario “N” amenazó con rafaguear el lugar o desaparecer a los trabajadores.
Como resultado de estas amenazas, el encargado de la obra realizó varios depósitos en tres fechas distintas durante el mes de mayo de este año. El 24 de mayo, Carlos Mario “N” fue detenido en flagrancia cuando se presentó a cobrar el dinero de manera presencial, acompañado por una mujer identificada como Heidy Araceli “N”.
La Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión inició e integró la carpeta de investigación en contra de Carlos Mario “N” y Heidy Araceli “N”. Tras judicializar el caso, una Juez de Control dictó la vinculación a proceso para ambos imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un término de dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.
Esta decisión se basó en la gravedad de los hechos y en la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas y la integridad del proceso judicial. La Fiscalía continúa con las investigaciones para asegurar que se haga justicia y se proteja a la comunidad de este tipo de delitos.
Este caso resalta la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades para combatir la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad y el bienestar de la sociedad. Las medidas adoptadas buscan no solo castigar a los responsables, sino también prevenir futuras conductas delictivas que pongan en riesgo la seguridad pública.