Tanto al ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz y a sus tres hermanos los responsabilizan, así como al director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), José Alberto Alonso Ovando, y a Juan Inocencio Lainas, de cualquier daño hacia su integridad, familia y patrimonio.
Se dieron el 19 de octubre del año pasado pugnas entre habitantes de “La Victoria” y elementos de la Policía Estatal, en intento por desalojar a los primeros.
Como resultado hubo 10 lesionados con balas de goma y sal, entre ellos estudiantes de la Primaria “Vicente Kau” fueron intoxicados y dos patrullas destruidas y calcinadas.
Los pobladores de “los flamingos” anticipan suceda algo así, pues son víctimas de intimidaciones, amenazas de muerte y destrucción parcial de algunas casas.
Se pretende que las familias desalojen los predios que habitan desde hace más de seis años.
Como manera de “negociar”, “los Hendricks”, como les denominan los inconformes, quieren obligarles a formalizar antes de mayo, contratos de compra-venta con valor de mil 200 pesos el metro cuadrado. A partir de junio, el precio será de dos mil pesos, denunció Sandra Estrella, habitante de “los flamingos”.
De manera paralela, quienes encabezan estos movimientos han sufrido daños en sus, aun endebles, casas; y amenazas de muerte.
Nereyda Ramos Castellanos advirtió no cederán y defenderán los terrenos, pues ya fomentaron casas y más.
Por tanto, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y Estatal de Salud (Sesa), por mencionar algunas, dotan de servicios, pues aun con inexistencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, se reconoce a la población.
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El asentamiento “los flamingos” fue creado hace más de seis años. Se ubica a un kilómetro de la Costa Maya y es integrado por 16 hectáreas, donde habitan aproximadamente 400 familias.
Su valor está tasado en medio millón de pesos, pero “los Hendricks”, apoyados por el director de la Agepro y el particular Juan Inocencio Lainas, pretenden venderles en casi 100 millones de pesos.
Tales personajes han reconocido cuentan únicamente con escrituras del terreno, que fueron obtenidas en Mérida en el 2007.
No obstante, la Agepro opera a su favor, pues recientemente Alonso Ovando acudió a dialogar con ellos, pero en realidad trató de persuadirles, para acepten la oferta de los desarrolladores.
Al no dar resultados, se han tenido más actos de intimidación.
Se ha notificado al Gobierno del Estado respecto a tal situación, pero no ha habido respuesta favorable.
Su única esperanza es la intervención del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.