El gobierno de Estados Unidos anunció que llevará a cabo una revisión exhaustiva de todas las “green cards” permanentes que fueron otorgadas a ciudadanos originarios de 19 naciones consideradas de riesgo. Esta decisión corresponde a una orden emitida por el presidente Trump, y fue informada por el director de la agencia de inmigración del país, USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración), quien indicó que la evaluación será “rigorosa y a gran escala”.
Cuando se solicitó a la agencia especificar qué países están incluidos en ese listado de “preocupación”, USCIS remitió a una proclamación presidencial de junio pasado, en donde figuran los 19 territorios señalados. Entre ellos se encuentran Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La medida surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno de Trump. La revisión de estas “green cards” llega luego de un tiroteo en Washington D.C., en el que dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos —uno murió en el ataque—, incidente que las autoridades vinculaban con un extranjero proveniente de uno de los países enlistados.
De acuerdo con la agencia migratoria, esta inspección no solo afectará a solicitudes pendientes, sino a todas las residencias permanentes previamente emitidas a personas de esos países: es decir, cada tarjeta será sometida a una nueva evaluación para determinar si debe mantenerse vigente.
Además, como parte de este paquete de medidas, el gobierno estadounidense también ha informado que revisará los casos de asilo que fueron aprobados durante la administración anterior. Esto sugiere que no solo los titulares de “green card”, sino también quienes obtuvieron su estatus por refugio, podrían ver afectados sus permisos. (Noticias)
En resumen: la administración Trump ha optado por reevaluar —con carácter general— las residencias permanentes otorgadas a migrantes de 19 países considerados por EE. UU. como “de preocupación”. Esta revisión masiva implica un nuevo control de seguridad, y podría tener consecuencias para muchas personas que ya residían legalmente en el país. La decisión forma parte de un endurecimiento más amplio de las políticas migratorias, justificado por las autoridades como una medida para proteger la seguridad nacional.
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