En un caso que ha generado indignación y controversia, la juez de control a cargo del proceso de imputación por la represión policial en el caso 9N en Cancún, ha otorgado una suspensión condicional. Esta decisión ha sido recibida con descontento por las víctimas, quienes denuncian que no se garantiza el acceso a la justicia y la verdad.
Caso 9N es suspendido en Cancún
El acto ocurrido el 9 de Noviembre de 2020 durante una protesta por feminicidio, dejando como resultado tres personas heridas de bala, además de casos de tortura, lesiones, privación a la libertad y abusos sexuales contra periodistas y manifestantes. La juez a cargo, Verónica Solís, concedió la suspensión condicional al proceso de imputación contra los elementos de la Policía Municipal de Cancún implicados en estos hechos.
En la audiencia, donde estuvieron presentes las víctimas, ocho elementos de la policía municipal y el entonces secretario Eduardo Santamaría Chávez, se decidió pausar el proceso y ofrecer una reparación del daño de 50 mil pesos a todas las víctimas, que deberá ser pagada en 12 mensualidades, además de una disculpa. Se estableció también la prohibición de acercamiento de los imputados a las víctimas y la obligación de presentarse a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares.
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Sin embargo, la resolución ha generado rechazo por parte de las víctimas, quienes consideran que este plan de reparación del daño no satisface sus demandas de justicia y verdad. La preocupación principal radica en que los elementos de la policía que dispararon directamente contra los manifestantes podrían ser restituidos en su cargo y se les permita portar armas nuevamente.
Cecilia Solís, una de las víctimas que resultó herida de bala mientras cubría la marcha en su labor como periodista, expresó su descontento al afirmar: “Ahora no habrá ni responsables ni culpables”. Las víctimas han manifestado su intención de apelar la resolución y continúan exigiendo el acceso a la justicia y la verdad, así como conocer quién dio la orden para llevar a cabo este ataque.
La decisión de la juez ha generado una fuerte controversia y ha llamado la atención de diversos sectores de la sociedad, quienes cuestionan la efectividad del sistema de justicia en garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos.
Las víctimas esperan que su lucha por la justicia no sea en vano y que se pueda esclarecer la responsabilidad de los implicados en este acto de represión policial.