Un estremecedor caso de violencia infantil ha generado rechazo a nivel nacional e internacional tras difundirse en redes sociales un video en el que se ve a una niña indígena Embera Chamí siendo brutalmente golpeada por dos hombres en la comunidad de Pueblo Rico, Risaralda, Colombia.
En las imágenes, captadas el pasado 29 de mayo, se observa a la menor atada del techo mientras es azotada repetidamente con palos, aparentemente ramas de un árbol. Los gritos de dolor y súplicas de la niña estremecieron a miles de usuarios, quienes exigieron justicia inmediata. Se reporta que la menor sufrió tal nivel de tortura que llegó a perder el conocimiento.
Rescate y atención médica a la niña de Colombia
Tras la difusión del video, un grupo de niñas de la misma comunidad que también ha sufrido maltratos denunció los hechos ante las autoridades. Esto permitió activar la ruta de protección de derechos en coordinación con la Procuraduría Regional de Risaralda.
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La menor fue rescatada y trasladada al hospital San Rafael de Pueblo Rico, donde recibió atención médica por las graves lesiones sufridas.
Actualmente, se encuentra bajo resguardo en un hogar de paso, según confirmó Litza Fernanda Roldán, directora operativa de Salud Pública del departamento. Permanecerá allí hasta que las autoridades determinen los pasos a seguir en su proceso de protección.
Reacción de las autoridades y defensa de los derechos infantiles
La regional Risaralda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado donde confirmó que se brindó asistencia a la menor, incluyendo el uso de un intérprete para facilitar la comunicación, dada su pertenencia a una comunidad indígena. También se colabora con la Comisaría de Familia para garantizar la atención integral y la protección de los derechos de la niña.
El gobierno departamental expresó su condena a los hechos y reafirmó su compromiso con la defensa de la niñez. “Acompañamos las investigaciones en curso, con el objetivo de que se tomen acciones contundentes contra los responsables”, señaló en un comunicado oficial.
Este caso reabre el debate sobre los límites entre prácticas culturales y violaciones a los derechos humanos, y pone el foco en la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección infantil en comunidades vulnerables.
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