En el contexto de la economía mexicana, un aspecto destacado ha sido el aumento en las actividades laborales informales. Durante el segundo trimestre de este año, se registró un crecimiento interanual significativo del 3.8% en el número de trabajadores en la informalidad. Este incremento refleja las dinámicas de un mercado laboral que, a pesar de los retos globales y locales, sigue adaptándose a través de actividades fuera de la formalidad, ofreciendo medios de subsistencia a millones de personas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) subrayó que esta tendencia al alza en la informalidad coincide con un panorama donde las condiciones del empleo formal no logran absorber la creciente necesidad de oportunidades laborales. En cifras concretas, se estima que más de 32 millones de personas están involucradas en actividades no reguladas, lo que incluye desde el comercio ambulante hasta empleos domésticos no registrados, sectores caracterizados por la ausencia de prestaciones y derechos laborales formales.
Este fenómeno se da en un contexto donde la tasa de participación económica se mantiene estable. Sin embargo, las opciones en el ámbito formal, que ofrecen estabilidad y acceso a beneficios sociales, no se expanden al mismo ritmo que la población económicamente activa. Además, la informalidad laboral no solo implica una pérdida de derechos para los trabajadores, sino también un desafío para las políticas públicas, ya que limita la capacidad del gobierno para recaudar ingresos y ofrecer servicios sociales de calidad.
El fenómeno es también un reflejo de las desigualdades estructurales del país. Regiones con menor desarrollo económico tienden a mostrar tasas más altas de informalidad, evidenciando la necesidad de estrategias regionalizadas que atiendan las especificidades locales. Por otra parte, la resiliencia del sector informal destaca como un indicador de las estrategias de supervivencia de millones de mexicanos frente a adversidades económicas.