Se ha llegado a reportar que una gran parte de la población reclusa en México se encuentra privada de la libertad sin tener sentencia.
En la mayoría de estos casos la prisión preventiva tampoco está justificada.
Se registró un total de 226,116 personas privadas de la libertad en las cárceles estatales, federales y especializadas del país, de acuerdo con cifras de los Censos Penitenciarios levantados por el Inegi.
Este nivel implicó un crecimiento de 2.6% en comparación con la población reclusa registrada el año previo.
Las mujeres representan el 5.6% de la población privada de la libertad, el 94.4% restante corresponde a los hombres.
Dentro de las problemáticas más importantes en materia de derechos humanos que se presentan al interior de los centros penitenciarios en México son las condiciones de hacinamiento, falta de higiene básica y mala alimentación, así como las violencias que se perciben en los procesos judiciales es la prisión preventiva, particularmente en su modalidad oficiosa.
4 de cada 10 personas privadas de la libertad (39%) no cuentan con una sentencia; están en prisión de manera “preventiva”.
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De este total de reclusos sin sentencia, la mitad están en el estatus jurídico de prisión preventiva oficiosa, sólo un 23.9% está en prisión preventiva justificada.
El resto se encuentra en algún otro estatus jurídico o no está especificado.
Por ejemplo, el 49.3% —casi la mitad— de las mujeres que están en prisión no cuentan con una sentencia.
Y en entidades como Michoacán o el Estado de México el 100% de su población reclusa sin sentencia tiene prisión preventiva oficiosa (no justificada).
La problemática no termina en el hecho de que casi la mitad de los presos en México ni siquiera han sido declarados culpables de los delitos que se les imputan, sino que pueden pasar meses y años en esta situación.
Las riñas, conflictos y otros incidentes al interior de los centros penitenciarios registraron una baja de 8% durante 2022, en comparación con el año previo. En total, las cárceles registraron 2,612 incidentes, la mayoría de ellos se dieron en los centros penitenciarios federales y los del Estado de México y Michoacán.
Las quejas presentadas ante las autoridades de los centros penitenciarios están relacionadas, en su mayoría, con el acceso de la población reclusa a derechos básicos.
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Con información de El Economista